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Administración Autonómica

Los ciudadanos demandan que la Administración esté a su servicio. Por eso hace falta un Estado organizado, con las competencias bien definidas entre las distintas Administraciones Públicas, sin duplicidades, sin burocracia y con altas dosis de coordinación. Nuestra estructura territorial no puede ser un lastre para los españoles a la hora de remontar la crisis económica.
Situación actual
  • Los ciudadanos demandan que la Administración esté a su servicio. Por eso hace falta un Estado organizado, con las competencias bien definidas entre las distintas Administraciones Públicas, sin duplicidades, sin burocracia y con altas dosis de coordinación. Nuestra estructura territorial no puede ser un lastre para los españoles a la hora de remontar la crisis económica.
Qué piensa el Partido Popular
  • Aprobación de una Ley de coordinación de las Administraciones Públicas que elimine las duplicidades entre ellas y aproveche al máximo sus recursos.
  • Aprobación de un nuevo sistema de financiación autonómica que atienda las necesidades de recursos de las Comunidades Autónomas no resueltas por el Presidente del Gobierno:
  • Debe ser acordado por unanimidad en el seno del Consejo de Política Social y Financiera.
  • Debe basarse en los principios de generalidad, suficiencia financiera, solidaridad, igualdad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.
  • No debe suponer una mayor carga fiscal para los ciudadanos ni financiarse con déficit público.
  • Debe tener estabilidad y no estar sujeto a futuras variaciones por intereses puramente partidistas.
  • Elaboración de un plan de simplificación de procedimientos administrativos que agilice la gestión y elimine trámites burocráticos innecesarios.
  • Implantación de un sistema unificado de creación de empresas en colaboración con Comunidades Autónomas.
  • Creación de un expediente electrónico único, que permita a cada ciudadano o empresa conocer en cada momento el estado de sus expedientes con la Administración.
  • Formalización de un pacto para la simplificación normativa que evite la profusión de normas de distinto ámbito que generan confusión e inseguridad jurídica en los ciudadanos.
  • Aprobación de una nueva Ley de calidad de los servicios públicos:
  • Creación de un catálogo de servicios públicos esenciales.
  • Establecimiento de los niveles de calidad de los servicios y las garantías de su cumplimiento.
  • Fijación de las circunstancias en las que los ciudadanos tienen derecho a reclamar a las Administraciones Públicas por la incorrecta prestación de los servicios.

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